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El Consejo Regulador valora la Orden Ministerial sobre la capacidad sancionadora como una solución puntual y reitera al MARM la petición de la Corporación de Derecho Público

22 May 2009 | Noticias

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El Pleno del Consejo Regulador ha analizado la reciente Orden Ministerial promulgada por el MARM con el objetivo de solucionar a corto plazo el tema de la potestad sancionadora del Consejo mediante la delegación de competencias para los Consejos Reguladores dependientes de dicho Ministerio. Esta delegación de competencias afecta a la fase de incoación e instrucción de expedientes, que recae en los respectivos presidentes de dichos Consejos, mientras que la fase de resolución sigue siendo una competencia que corresponde al MARM.

Las diferentes asociaciones del sector vitivinícola riojano han valorado positivamente que el MARM haya decidido actuar mediante esta solución de urgencia ante los problemas suscitados por las sentencias judiciales que han negado la capacidad sancionadora del Consejo. Pero han coincidido en su totalidad en considerar que dicha solución tan solo tiene un carácter puntual y que es preciso intensificar el trabajo para conseguir que la solución definitiva pase por la conversión del Consejo Regulador en una corporación de Derecho Público. En este sentido, el Presidente del Consejo ha expresado su decisión de asumir la responsabilidad que le otorga la Orden Ministerial, independientemente de su valoración personal sobre la misma, y ha incidido en la necesidad de que el plazo para la adecuación del Reglamento de la Denominación sea el más breve posible.

Recientemente, tanto el Gobierno como el Parlamento de La Rioja, han apoyado las peticiones del Consejo, instando al Gobierno de España a dar una solución definitiva a la situación legal de la Denominación mediante la tramitación de un proyecto de ley en el que se de cobertura al Reglamento de Rioja con las modificaciones requeridas unánimemente por todo el sector y en el que se reconozca al Consejo Regulador como Corporación de Derecho Público, con atribución de las competencias necesarias para seguir ejerciendo sus funciones actuales, en especial en materia de control y sanción.

En definitiva, el objetivo que viene persiguiendo el sector vitivinícola riojano desde la promulgación de la Ley de la Viña y el Vino de 2003 es que el Gobierno de España adopte las normas necesarias para preservar los aspectos fundamentales del modelo actual de Rioja, que ha demostrado sobradamente su eficacia e idoneidad. Es algo que se considera imprescindible para que Rioja pueda seguir desarrollándose y disponga de seguridad jurídica que garantice el respeto a su patrimonio y fondo de comercio, así como una competencia leal en el mercado.

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